¿Qué es eso de la doctrina Botín?

Seguro que muchos al escuchar las noticias estos días sobre el caso del Instituto Nóos y la Infanta os habréis hecho esta pregunta.


Pues bien, esta doctrina, que fue adoptada por el Tribunal Supremo en 2007 para cerrar el llamado caso de las cesiones de crédito en el que estaba implicado el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, supone que en los delitos en los que existe un perjudicado no puede abrirse juicio oral sólo a instancias de la acusación popular, sino que es necesario que lo inste bien el Ministerio Fiscal, bien el acusador particular.



La doctrina Botín fue matizada posteriormente por la llamada doctrina Atutxa, que señala que solo con la acusación popular se puede llevar a juicio a una persona, pero solo en aquellos delitos en los que se trata de proteger "intereses difusos", es decir, que no hay un perjudicado concreto, como sucede el caso del blanqueo.



En el caso de la infanta Cristina debe determinarse si los hechos juzgados suponen un delito contra intereses colectivos o pertenecen exclusivamente al ámbito personal. Algunos consideran que esta doctrina sí sería aplicable al delito fiscal que se le imputa pero no al blanqueo de capitales.



No se que pensareis vosotros, pero en mi opinión, que se defraude a Hacienda más de 120.000 euros, constituye claramente un delito contra los intereses colectivos, pues estamos hablando de dinero público, del Estado, y de todos los españoles ¿o no contribuimos todos con nuestros impuestos?



Ya bastante surrealista es que no acusen ni el Ministerio Fiscal ni la Abogacía del Estado, como para que ahora no se pueda enjuiciar sólo en base a la acusación popular, que parece ser la única que defiende los intereses públicos y la legalidad en este caso.



Cada vez que escucho o leo sobre el tema no paro de preguntarme qué está pasando con la indisponibilidad del proceso Penal.  Creo que estamos llegando a un punto en el que se está dejando a disposición de las partes todo el proceso penal, y lo peor de todo a disposición de los intereses políticos que subyacen en ellas; y esto no se debe permitir.