El Compliance como negocio

Como muchos ya sabréis, en el proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal se prevé un delito específico para aquellos representantes legales o administradores de cualquier ente con o sin personalidad jurídica, que omitan la adopción de las medidas de control exigibles para evitar la infracción de deberes o conductas peligrosas tipificadas como delito, siempre que si se hubiera empleado la diligencia debida se pudieran haber evitado.

Este nuevo precepto va a exigir definitivamente a las empresas que implanten medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir la comisión de delitos que la empresa (o sus administradores, representantes o empleados) esté en riesgo de cometer por la actividad a la que se dedique.

Estas medidas que se articulan en lo que se denomina planes de prevención de delitos, ya funcionan desde hace tiempo en otros Estados, pero lo cierto es que en España solo saben de su existencia las grandes empresas y multinacionales. Sin embargo, el nuevo precepto del Código Penal no exime de esta responsabilidad a ningún tipo de empresa, por lo que las PYMES también deberían contar con él. No es obligatorio tenerlo pero sí es recomendable porque en caso de que se cometa un delito por alguien de la empresa tendremos una responsabilidad por la infracción en sí y otra por no poner la diligencia debida para evitarlo.

En este contexto, está surgiendo en las grandes empresas el perfil del Compliance Officer, esto es, una persona responsable de la supervisar y gestionar todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo y que tiene como funciones identificar riesgos, analizar cambios estatutarios y reguladores, determinar medidas preventivas y correctivas, impartir formación a directivos y empleados para que conozcan y apliquen todas las normas, y revisar periódicamente la actualización de los procedimientos.

Esta nueva figura que evidentemente requiere conocimientos jurídicos, y que sólo se pueden permitir las grandes empresas puede ser, a mi juicio, una salida interesante para los juristas. Así como, en lo que afecta a las PYMES, que por lo general tienen menos medios para implantar planes de prevención de delitos eficaces, y más en el contexto de la crisis económica actual, puede ser, desde ya, un buen servicio a ofrecer por parte de los Abogados y de las Asesorías Jurídicas.